Desgraciadamente son estos dos temas, corrupción y violencia, los más destacables de 2009 y los prioritarios del nuevo Gobierno que inicia el 27 de enero. Ni la separación del ex presidente Manuel Zelaya -menos su futuro- ni la clasificación al Mundial de Sudáfrica son tan importantes como para olvidarnos de la ingrata ola de delincuencia que hemos sido incapaces de frenar, ni de la galopante corrupción que se ha adueñado del país.
Esos, además de la urgente necesidad de equidad social y empleo, son los asuntos que deben concentrar la atención del presidente electo Porfirio Lobo, y no la “crisis política” que ahora solo existe en la diplomacia de algunos países que no reconocen la legalidad de la destitución de Zelaya.
Esos gobiernos se sentirán aliviados cuando el 28 de enero ya no le vean el rostro a Roberto Micheletti en la Casa Presidencial. Y si no mandan delegaciones a la toma de posesión, no hay porqué preocuparse. Esas ausencias darán pie para que la ceremonia sea sencilla, sin derroches apabullantes, discreta pero efectiva como deberá ser el nuevo gobierno para enfrentar la crisis financiera y social dejada por la pasada administración.
En materia de seguridad, por ejemplo, Lobo debe enfrentar las escalofriantes cifras de asesinatos porque el país, junto a Guatemala y El Salvador, es colocado en la zona más violenta del mundo. En estos tres países hay 190,000 guardias de seguridad privada y apenas 50,000 agentes de policía.
En Latinoamérica, sólo Honduras y El Salvador registran una tasa de homicidios tan alta como la de Venezuela, con aproximadamente 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El crimen organizado es el responsable de al menos el 36 por ciento de estas muertes violentas en el país. Se trata de homicidios ejecutados por sicarios.
Y del tema de la corrupción, ni hablar. Ocupa el tercer lugar de preocupación entre los hondureños, detrás de la delincuencia y el desempleo, según el Informe Nacional de Transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA.
El soborno a policías, el financiamiento de campañas políticas y el desvío de fondos de proyectos del Estado son percibidos como los tres medios de corrupción más comunes.
Les siguen el soborno para obtener contratos del Estado, empleo a activistas políticos, soborno a jueces, evasión de impuestos, venta subvalorada de propiedades públicas, el pago a intermediarios ilegales para obtener documentos, el robo de expedientes en los tribunales y el empleo de familiares, de acuerdo a este informe.
Con estos temas por delante, para qué distraerse en lo que ya es historia.